A través de una resolución en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio luz verde al modelo de contrato que regirá el servicio de agua y cloacas en el AMBA. El plan contempla desprenderse de la mayoría accionaria y establece metas de eficiencia hasta 2026.
El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró este martes en una etapa decisiva. Mediante la resolución 543, el Gobierno nacional aprobó los modelos de contrato de concesión y transferencia de acciones, sentando las bases legales para el desembarco de capitales privados en la empresa. El nuevo esquema jurídico establece un plazo de explotación de 30 años para la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano, bajo la premisa de transformar la compañía en una unidad de gestión eficiente y sustentable.
El documento publicado en el Boletín Oficial detalla que el Estado Nacional busca desprenderse inicialmente del 51% de las acciones, mientras que un 39% restante será colocado en una segunda etapa mediante una oferta pública en la Bolsa. El 10% del paquete accionario se mantendrá bajo el Programa de Propiedad Participada para los trabajadores. Esta estructura, enmarcada en la Ley Bases, apunta a que un operador privado asuma el control operativo de la red que abastece a distritos populosos como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y San Isidro.
Hasta que se concrete el traspaso definitivo, AySA deberá cumplir con un «Plan de Acción de Transición 2024/26». Este cronograma obliga a la empresa a alcanzar metas específicas de operatividad antes del fin de año; en caso de incumplimiento, las obligaciones serán trasladadas al primer ciclo tarifario de la gestión privada, previsto para el período 2027/31. El Ministerio de Economía, por su parte, quedó facultado para dictar las normas complementarias que aseguren que el proceso no interrumpa la prestación del servicio público esencial.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas subrayó que esta privatización no es un mero trámite administrativo, sino una «transformación profunda». El contrato de concesión permite además una prórroga opcional de 10 años, otorgando un horizonte de previsibilidad de hasta cuatro décadas para los potenciales inversores. Con este paso, el Gobierno busca eliminar el déficit operativo de la firma y profesionalizar la transparencia en la administración de los recursos hídricos del área metropolitana.
Con la normativa ya vigente, se espera que en los próximos meses comience la fase de licitación internacional, donde el Estado evaluará las ofertas de los consorcios interesados en gestionar una de las redes de saneamiento más grandes de la región.
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