El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley N° 26.657. El plan busca agilizar las internaciones involuntarias, revalorizar los hospitales monovalentes y cambiar la terminología clínica. Especialistas advierten sobre el riesgo de desfinanciación y un posible retorno al modelo de encierro.
A 15 años de su sanción, la Ley de Salud Mental entra en una etapa de redefinición estructural. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud liderado por Mario Lugones, anunció el envío de un proyecto de ley para reformar la normativa vigente. Mientras que el oficialismo argumenta que la ley actual fracasó en su implementación y deja desprotegidas a las familias en situaciones de crisis, profesionales y organizaciones sociales denuncian que el problema no es la norma, sino la falta histórica de inversión presupuestaria y la carencia de una red de apoyo comunitaria.
El eje central de la reforma apunta a modificar el polémico Artículo 20, que regula las internaciones sin consentimiento. Actualmente, la ley exige un «riesgo cierto e inminente» para intervenir; el nuevo proyecto propone un «criterio situacional». Esto permitiría que un médico psiquiatra indique una internación inmediata basándose en antecedentes y en la evolución previsible del paciente, sin necesidad de esperar a que la persona esté en un punto crítico. La decisión, no obstante, deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas.
Otro punto de quiebre es la postura frente a los hospitales monovalentes (neuropsiquiátricos). La ley de 2010 impulsaba su cierre progresivo para reemplazarlos por atención en hospitales generales. El proyecto del Ejecutivo propone, en cambio, fortalecer una red que incluya instituciones especializadas, argumentando que los hospitales generales no han logrado absorber los casos más complejos. Además, se planea reemplazar el término «padecimiento mental» por el de «trastornos mentales», alineándose con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).
La respuesta de los especialistas no se hizo esperar. Referentes como Luciano Grasso y Alberto Trímboli (AASM) señalaron que la reforma podría ser un «eufemismo» para ocultar recortes. Advierten que el proyecto elimina la obligatoriedad de destinar el 10% del presupuesto de Salud al área de salud mental, un piso que, aunque nunca se cumplió (apenas llega al 2%), funcionaba como una meta legal. Para las organizaciones, flexibilizar las internaciones sin garantizar dispositivos de «medio camino» o atención domiciliaria solo profundizará la crisis de desprotección tras el alta médica.
El debate llegará al Congreso en un clima de alta tensión social y política. Con solo 18 provincias contando con servicios de salud mental en hospitales generales, la desigualdad en el acceso es una realidad innegable. La discusión parlamentaria deberá saldar la brecha entre quienes piden mayor facilidad para internar en casos de urgencia y quienes exigen que el Estado cumpla, de una vez por todas, con la inversión en dispositivos comunitarios que la ley actual ya preveía.
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