Lo confirmó la PROCUVIN en su último informe. El sistema sufre una sobrepoblación de 672 personas, afectando principalmente a los penales de Buenos Aires, Mendoza y Salta.
La situación del sistema penitenciario federal en la Argentina atraviesa un momento crítico, marcado por la demora judicial y el hacinamiento. Según el último reporte de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), solo seis de cada diez personas alojadas en cárceles federales cuentan con una condena firme. El documento, que analiza el primer trimestre de 2026, advierte además sobre una sobrepoblación del 5,8%, lo que significa que cientos de internos viven en condiciones que superan la capacidad operativa de los penales.
El informe, elaborado bajo la supervisión del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, arroja cifras contundentes: de las 12.205 personas privadas de su libertad, el 38,2% (4.659 individuos) se encuentra en calidad de procesado. Esta falta de sentencias definitivas se agudiza en los colectivos de mujeres y diversidades (travestis-trans), donde más de la mitad (53%) no tiene condena firme, una proporción significativamente superior a la media general.
En cuanto a la infraestructura, el Sistema Penitenciario Federal (SPF) reportó un excedente de 672 detenidos sobre su cupo máximo. El mapa de la sobrepoblación tiene sus puntos más críticos en la provincia de Buenos Aires: el Complejo I de Ezeiza lidera la ocupación con 1.941 internos, seguido de cerca por el Complejo II de Marcos Paz con 1.890 y la cárcel de Villa Devoto en CABA con 1.506. Más atrás aparecen los complejos de Mendoza y Salta.
El informe también pone el foco en la situación de vulnerabilidad de las mujeres y personas travesti-trans, quienes representan el 8,3% de la población carcelaria total. Un dato sensible que destaca la PROCUVIN es la presencia de once mujeres embarazadas y otras once que permanecen detenidas junto a sus hijos o hijas, concentrándose la mayoría de estos casos en el Complejo VII de Ezeiza.
La difusión de estos datos por parte del organismo busca no solo visibilizar la realidad intramuros, sino también aportar herramientas para el diseño de políticas públicas que logren revertir el hacinamiento y agilizar los procesos judiciales. Con un sistema que opera por encima de sus posibilidades físicas y legales, la presión sobre las garantías constitucionales de los detenidos continúa siendo el principal eje de preocupación de la Procuraduría.
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