La Justicia Federal de Azul dictó la medida contra el presidente de la firma Absolon S.A. por verter efluentes contaminantes en Roque Pérez. El fallo incluye un embargo de 20 millones de pesos y señala una conducta sistemática que pone en riesgo la salud pública y el ecosistema regional.
El juzgado a cargo de Gabriel Di Giulio formalizó el procesamiento del responsable de una planta industrial tras confirmar que la empresa arrojaba desechos peligrosos al Río Salado de manera recurrente. La investigación, iniciada en 2023 tras la viralización de imágenes aéreas que mostraban líquidos rojizos en el agua, determinó que la firma ignoró clausuras previas para continuar con su actividad contaminante.
El expediente judicial, impulsado por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), se sustenta en peritajes realizados por la Policía Federal que verificaron la presencia de sustancias nocivas muy por encima de los límites legales permitidos. Según la resolución, los efluentes eran derivados a través de un canal aliviador directamente hacia el cauce del río, afectando uno de los recursos hídricos más importantes de la provincia.
El magistrado encuadró el accionar bajo la Ley de Residuos Peligrosos, considerando que la persistencia de las infracciones entre 2023 y 2025 demuestra una decisión corporativa de vulnerar las normativas ambientales. A pesar de haber recibido sanciones administrativas y órdenes de cese por parte de la Autoridad del Agua, la empresa habría mantenido su operatoria industrial sin adecuar el tratamiento de sus desechos.
El procesamiento del directivo se basa en el artículo 57 de la normativa vigente, que extiende la responsabilidad penal a los conductores de personas jurídicas cuando los daños al suelo, aire o agua son resultado de sus decisiones jerárquicas. Este fallo es considerado un antecedente relevante en la justicia federal para el castigo de delitos ambientales que comprometen la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales.
Además del embargo millonario, el imputado enfrenta una posible pena de prisión de hasta 10 años, mientras la justicia continúa evaluando el impacto residual en la cuenca del Salado.
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