Una auditoría detectó el faltante en los tribunales de General Roca y Villa Regina. El caso estalló cuando una pistola secuestrada en un tiroteo resultó ser una que ya debía estar bajo custodia oficial. Investigan la cadena de responsabilidades.
El Poder Judicial de Río Negro atraviesa una crisis institucional tras la confirmación de la desaparición de 120 armas de fuego que se encontraban bajo su resguardo. El armamento, que formaba parte de secuestros en causas penales, fue sustraído de depósitos en General Roca y Villa Regina. La gravedad del hecho motivó la designación de un fiscal especial para determinar cómo estas armas regresaron al circuito delictivo.
El faltante se descubrió de manera fortuita a fines de marzo. Tras un enfrentamiento armado en el barrio Tiro Federal de General Roca, la policía secuestró una pistola 9 milímetros. Al realizar los peritajes de rigor, el sistema reveló una inconsistencia alarmante: esa misma arma ya figuraba como secuestrada en un procedimiento anterior y debía estar depositada en el subsuelo de los tribunales de la calle San Luis.
La investigación penal, ahora a cargo del fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, apunta a desentrañar una red de posibles complicidades internas. Además de las oficinas de Roca, se detectaron hurtos similares en Villa Regina ocurridos en diciembre de 2025. Por el momento, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha iniciado sumarios administrativos contra dos funcionarios y un empleado de la Oficina Judicial que tenían acceso a las llaves de los depósitos.
Desde el sindicato judicial Sitrajur calificaron el episodio como un hecho de «extrema gravedad» que evidencia fallas críticas en la trazabilidad y custodia de elementos sensibles. Como medida preventiva, funcionarios de Cipolletti tomaron el control total de los depósitos de la Ciudad Judicial de Roca para resguardar el armamento remanente mientras avanza la auditoría interna.
El caso pone bajo la lupa la seguridad de los depósitos judiciales rionegrinos y el destino final de las armas incautadas al crimen organizado. La fiscalía busca ahora determinar cuántas de las 120 armas desaparecidas ya han sido utilizadas en nuevos hechos delictivos en la región.
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