La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, entrará en vigor el 5 de junio. Con esta decisión, la administración de Donald Trump habilita el uso de sanciones económicas severas y el despliegue de fuerza militar contra las dos mayores estructuras del narcotráfico brasileño, consolidando su ofensiva continental contra el crimen organizado.
En un movimiento político y diplomático de alto impacto que redefine las estrategias de seguridad en América Latina, el Gobierno de los Estados Unidos incluyó formalmente al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) —las dos organizaciones criminales más poderosas y ramificadas de Brasil— en su lista negra de organizaciones terroristas internacionales. La resolución oficial, que entrará en vigencia a partir del próximo 5 de junio, fue comunicada de manera directa por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Desde la perspectiva de Washington, ambas estructuras delictivas transnacionales han dejado de ser consideradas meras bandas de narcotráfico para ser catalogadas como corporaciones «narcoterroristas» capaces de amenazar la seguridad nacional estadounidense. Esta determinación se inscribe en la doctrina de intervención regional que el presidente Donald Trump viene profundizando desde el inicio de su segundo mandato presidencial en enero de 2025, orientada a combatir los carteles de la droga mediante recursos económicos, de inteligencia y de fuerza militar.
La argumentación desplegada por el Departamento de Estado para justificar la medida se basa en el poder de fuego y el alcance logístico que estos grupos exhiben en el continente. Según detalló el secretario Marco Rubio en el comunicado oficial, el CV y el PCC comandan de forma conjunta a decenas de miles de miembros operativos y han orquestado ataques brutales y sistemáticos contra miembros de las fuerzas policiales brasileñas, funcionarios de la magistratura y la población civil. Rubio advirtió, además, que la influencia de sus redes ilícitas perforó las fronteras de Brasil, extendiéndose por toda la región y consolidando terminales de distribución y lavado de activos dentro del propio territorio de los Estados Unidos. Nacidas en el interior del colapsado sistema penitenciario brasileño durante las últimas décadas del siglo XX —el Comando Vermelho en Río de Janeiro y el PCC en São Paulo—, ambas organizaciones mutaron de ser redes de protección de presos a complejos carteles globales con actividades que van desde el tráfico internacional de cocaína hacia Europa y EE.UU., hasta el sicariato, la extorsión de servicios públicos y el contrabando de armas.
En términos jurídicos y fácticos, la catalogación como organizaciones terroristas altera por completo el tablero de juego para los líderes y testaferros de las bandas. La medida faculta al Departamento del Tesoro de EE.UU. a congelar de forma inmediata todos los activos financieros, propiedades y cuentas bancarias que los sospechosos posean en el exterior, además de prohibir a cualquier ciudadano o empresa estadounidense realizar transacciones comerciales con ellos. No obstante, el punto más controvertido y de mayor fricción diplomática radica en que esta designación abre de par en par la puerta legal para que el Pentágono utilice asistencia militar directa y operaciones de fuerza contra los miembros de estos grupos. Si bien el gobierno norteamericano sostiene que este instrumento lo legitima para desplegar operativos de captura o bombardeos tácticos en terceros países donde operen estas facciones, diversos analistas internacionales y especialistas en derecho soberano cuestionan la legalidad de tales intervenciones sin el consentimiento explícito de los países soberanos afectados.
Esta ofensiva contra las mafias de Brasil representa un nuevo eslabón en la arquitectura de seguridad continental implementada por la Casa Blanca republicana. Desde su regreso al poder a principios de 2025, el gobierno de Trump ha utilizado esta misma herramienta jurídica para declarar terroristas a los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo, así como a la Mara Salvatrucha en El Salvador y a la organización criminal transnacional venezolana Tren de Aragua. La administración estadounidense ratificó que el objetivo central de esta doctrina es asfixiar financieramente a los barones de la droga para bloquear los flujos de estupefacientes que ingresan a las calles norteamericanas, una política que promete tensionar las agendas de defensa de los gobiernos de la región frente a las presiones de Washington.
